¿Tiene sentido mantener un sistema sanitario paralelo para funcionarios?

En España, 1,6 millones de funcionarios tienen acceso a un sistema sanitario diferente al del resto de ciudadanos: el mutualismo administrativo. A través de entidades como MUFACE, ISFAS o MUGEJU, estos empleados públicos pueden elegir entre recibir atención médica por la vía pública o privada. Hasta ahora, este modelo se había mantenido sin demasiada revisión crítica. Pero eso está cambiando.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que lleva años poniendo bajo la lupa la eficacia del gasto público, ha lanzado una propuesta clara: avanzar hacia la integración de los nuevos mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y transformar la actual adscripción obligatoria en una elección voluntaria.

El mensaje no viene solo: se basa en datos. En una evaluación que ha analizado más de 400 millones de registros anonimizados y encuestado a mutualistas, la AIReF encuentra motivos sólidos para el cambio. El 70% de los mutualistas que enfrentan enfermedades graves terminan siendo atendidos en hospitales públicos, aunque inicialmente hubieran optado por la sanidad privada. Y en casos como oncología o diálisis, el porcentaje se eleva hasta el 90% entre los menores de 40 años.

¿Y por qué no cambiar ya? Porque el sistema público no está aún preparado para absorber a todo el colectivo sin deteriorar su calidad. Las listas de espera, por ejemplo, requieren una mejora urgente antes de plantear una integración masiva. Pero eso no impide que el camino se empiece a trazar.

Además, el modelo actual también genera ineficiencias. El coste de los medicamentos hospitalarios para los mutualistas atendidos en centros privados puede ser hasta seis veces superior al del sistema público. Tampoco ayuda que la receta electrónica apenas esté implantada en la sanidad privada mutualista, lo que dificulta el control y la mejora de la calidad de la prescripción.

Y si hablamos de equidad, el sistema no pasa el examen: obliga a los mutualistas a elegir entre sanidad pública o privada desde el principio, sin acceso a la cobertura universal del SNS como el resto de ciudadanos.

Por eso, junto a las reformas estructurales, la AIReF plantea medidas de transición para mejorar el sistema actual: reforzar la historia clínica digital, mejorar la coordinación con el SNS, fomentar genéricos y biosimilares, y optimizar la compra de fármacos hospitalarios.

Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha sido clara: no se trata solo de gastar mejor, sino de hacerlo con criterios de eficacia, eficiencia y equidad. En un momento en que el debate sanitario gana protagonismo, este informe no solo pone números sobre la mesa, también pone el foco sobre una pregunta clave: ¿debe un país mantener dos sistemas sanitarios paralelos?

2025/04/21- ®Fuente: GestyFor

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